Esta salvajada debería tener artículo específico en el Código Penal, porque no es menos dañino que la violencia física para los ciudadanos. El Banco de España ha publicado por fin un informe de daños y perjuicios y cuantifica el coste de la crisis catalana en hasta un 2,5% del PIB, cerca de 30.000 millones en los próximos dos años.
como no está el delito ya se lo inventarán: cambiar una ley nunca ha sido problema en hispanistán.. además de que como son catalanes son culpables.. es que no se necesita ni juicio, ni abogado, ni las mínimas garantías jurídicas..
esperemos que hayan hecho las cuentas un poco mejor que cuando la SGAE cifraba en casi 1700 millones el "lucro cesante" (La Coalición de Creadores y el lucro cesante: por qué el Observatorio de la Piratería sigue sin ser realista) que se producen por el "pirateo".. pero ésto por parte de una institución que pedía "bajar sueldos" pero que no publicaba los suyos (lo que en hispanistán llaman "transparencia") hasta que se descubrió el pastel: El Banco de España pide bajar salarios, pero su sueldo medio es de ¡6.743 euros!
el coste en términos de PIB.. sabíamos que ésto iba a llegar.. como excusa para seguir soltando noticias torticeras es justificable.. lo que ocurre es que cuando se miran las verdaderas cifras de los "casos aislados" el "daño a la economía" (sic) de los "casos aislados" es, vergonzosamente, muy superior, con la paradoja de que los "medios de información" (sic) nunca han sacado la verdadera dimensión del problema (ni tampoco le han dedicado un tiempo proporcional al tema).. y ésto es lo que se sabe (lo que no se ha podido ocultar), porque hay mucha extracción de rentas mediante el BOE (y ésto es legal.. así va el país):
y ésto es delito, claro.. pero aún están investigando quién se puede esconder detrás de nombres tan enigmáticos como R. Rato, M. Rajoy, Paco A. C., Jaime Mayor, D. Cospedal.. y es que con más de 7.000 millones de habitantes en el planeta no es fácil acabar con la corrupción.. claro, claro..
disfruten lo votado..
Cada 'conseller' cuesta a España 2.000 millones por su daño consciente a la economía
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