El pasado abril, el Open Arms recibió autorización para navegar hacia Grecia y transportar material humanitario, pero la propia ONG aceptó que lo hacía "sin autorización para misiones de búsqueda y rescate". De hecho, el barco llevaba más de 100 días bloqueado en Barcelona por decisión del Ministerio de Fomento, que alegaba motivos de seguridad. ¿Cuáles? No se le permitía salir al mar puesto que no podía desembarcar en Italia o Malta -los puertos más cercanos- a quienes salvaba en el Mediterráneo. Justo eso ha ocurrido ahora; justo por eso, cuando se le permitió salir de Barcelona, sólo se le visó para transportar ayuda, no para rescatar. Sin embargo, a finales de junio, el fundador de la ONG, Òscar Camps, anunciaba: "Seis meses bloqueados. No aguantamos más. Levamos anclas y nos vamos. Antes presos que cómplices [de muertes]". Y se marcharon a la zona de Libia a rescatar, rompiendo el veto explícito. El incumplimiento manifiesto y reconocido tendría consecuencias -multa cercana al millón de euros, un bloqueo más férreo...- si el Open Arms atraca en un puerto español.
Más extrañezas: el Open Arms dijo que aceptaría ir a Baleares si España e Italia les daban "los medios necesarios" y había seguridad. Desde Moncloa se ofrecieron víveres, combustible...; desde Roma, garantizaron escolta militar. Pero la ONG tampoco se movió.
Desde el barco se fundamentó el no a España en que la situación es "insostenible". Y la visita al Open Arms de un grupo de médicos, este lunes, confirmó que la situación psicológica empeora, pero también que el estado de salud de los embarcados no puede ser definido, aún, como una emergencia.
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