La Proposition 47, referéndum aprobado por el 60% de los ciudadanos californianos en 2014, consiguió entre otras cosas reclasificar los robos no violentos como delitos menores si los bienes robados valían una cuantía inferior a 950 dólares. En paralelo a esa subida del incremento mínimo (hay otros estados del país, como Texas, donde el umbral es mucho más alto, de 1.500), la nueva norma contribuía a dificultar el procesamiento de este tipo de criminales. El objetivo era despenalizar de forma indirecta la drogadicción y así disminuir la población carcelaria.
De la descriminalización a la mofa. La parsimonia con que actúan ahora los ladrones de la región es indignante. Se sienten con la seguridad del impune. Para protegerlos de posibles ataques, las cadenas de supermercados instruyen hoy a sus empleados, incluidos los agentes de seguridad, en la no intervención. Nadie encara a los infractores que, además, en caso de ser físicamente obstaculizados, podrían denunciar si son heridos en el forcejeo. Según la policía menos del 3% de los robos denunciados acaban en juicio.
Miles de habitantes honestos, algunos con movilidad reducida, han perdido así el acceso cercano a bienes de primera necesidad, y la respuesta de la ciudadanía ha sido recriminar a la empresa los cierres. A su modo de ver, estas compañías con millones de dólares en beneficios en el resto del país pueden permitirse tener ciertos establecimientos en pérdidas.
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