¿Deberá Rajoy devolver las pagas extras a los funcionarios?
La decisión del TC portugués da esperanzas a los sindicatos españoles de la función pública.
El fallo del Tribunal Constitucional de Portugal, contra la supresión de
la paga extra de los funcionarios y otras medidas del plan de ajuste
que aprobó el Gobierno del conservador Passos Coelho, puede crear un
precedente. En todo caso ha animado a los colectivos de funcionarios de
otros países que se ven castigados por las políticas de austeridad
dictadas por la Comisión Europea. Y en España el debate ya se ha
iniciado.
El sindicato mayoritario español en la función pública, CSI-F, ha
reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome nota” de lo sucedido en
Portugal, y devuelva la paga extra que no se pagó en Navidad, dentro de
un paquete de medidas para reducir el déficit público.
La plataforma sindical y de asociaciones de empleados públicos
(integrada por CSI-F, CC OO, UGT y otras 33 asociaciones) intentaron
modificar la medida con la interposición de un recurso
contencioso-administrativo.
Similitudes con Portugal
En un comunicado, la central sindical CSI-F se congratula por la
decisión del TC portugués y señala que existen claras similitudes. “En
buena parte, los argumentos esgrimidos por los sindicatos españoles
vienen recogidos en la sentencia del tribunal portugués, dado que la
retirada de la paga extra vulnera el principio de igualdad a la hora de
afrontar los sacrificios en las medidas adoptadas para la salida de la
crisis, como ha ocurrido en España”, asegura.
Y añade que, “de hecho, atendiendo a las razones de los sindicatos, la
Audiencia Nacional ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad
contra el decreto de recortes del Gobierno, en este caso, porque las
medidas aplicadas por el Ejecutivo vulneran las garantías
constitucionales que impiden aplicar una norma con carácter retroactivo y
confiscatorio”.
Esa es la verdadera esperanza de los funcionarios españoles, que podrían
poner en un aprieto muy serio al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy. Y es que hacen referencia a un recurso presentado por los
trabajadores de la empresa pública tabaquera Cetarsa.
Personal laboral y funcionarios
El colectivo planteó ante la Audiencia Nacional las dudas que surgían
sobre la retroactividad de la medida. Y el tribunal consideró que
existen razones suficientes para aceptar el recurso. El argumento es que
las pagas extraordinarias forman parte del salario del trabajador y si
se suspende una de ellas se podría considerar que se atenta contra el
principio de “irretroactividad de los derechos individuales”.
La Audiencia, así, elevó al Constitucional la supresión de esa paga
extra para el personal laboral. Y, en función de la decisión que adopte
el TC, la medida podría afectar a todo el personal laboral que se
encuentra al servicio de la administración y al de las empresas
públicas, que agrupa a 875.000 empleados.
La decisión, en cualquier caso, afectaría también a los funcionarios
públicos, pese a que éstos deban dirigir sus recursos por vía
contencioso administrativa.
Lo que ha ocurrido en Portugal, que ha creado una gran inestabilidad en
el Gobierno conservador, puede, por tanto, ser de vital importancia para
el conjunto de Europa. Los países del sur se siguen resistiendo, con
mayor o menor acierto, frente a las políticas de la Comisión Europea, y
crean mayores dificultades al proyecto europeo que dirige Alemania.
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