Urge otro tipo de banca
La crisis que está padeciendo este país no ha caído del cielo, ha sido
generada en buena parte por una carrera desenfrenada de las entidades
financieras nacionales y extranjeras por la búsqueda de beneficios a
ultranza. El soporte empleado ha sido el sector inmobiliario, que ha
recibido una gigantesca masa de crédito provocando una espiral de
precios y ganancias absolutamente insostenibles a medio plazo. La
ruptura de este período de euforia por la súbita interrupción de la
financiación exterior como consecuencia de la crisis internacional ha
conducido a la quiebra de varias entidades, especialmente cajas de
ahorro, y a la inutilización del sector para suministrar financiación a
la economía.
La crisis ha supuesto una clara transferencia de rentas
Esta arriesgada secuencia se ha visto agravada especialmente porque las
entidades financieras jugaron con un dinero del que no disponían, que
tomaron prestado de los bancos europeos, que también optaron por
participar y beneficiarse del festín de la burbuja inmobiliaria española
que entre todos crearon. Sin la manga para regar de euros de los bancos
alemanes y franceses, no habría sido posible hinchar tanto el globo
inmobiliario.
El cierre del grifo crediticio ha generado un parón económico de
terribles consecuencias que ya se ha llevado por delante 3,5 millones de
empleos, ha expulsado de sus viviendas a decenas de miles de familias
y ha utilizado los ahorros de cientos de miles de titulares de
participaciones preferentes como primera fuerza de choque para sanear a
bancos y cajas.
Los años del desbarajuste financiero están pasando una factura
tremenda, especialmente a los ciudadanos que han perdido el empleo, los
ahorros o la vivienda, o todo a la vez. Resulta difícil comprender la
ceguera del Banco de España y del Banco Central Europeo ante las
dimensiones desproporcionadas que iban adquiriendo la burbuja
crediticia y unas prácticas financieras tan heterodoxas. Ante la
ineficiencia de los gobiernos y de los grandes partidos políticos, la
defensa de los intereses ciudadanos está cada vez más en manos de nuevas
plataformas sociales. Igualmente están mostrando una mayor
sensibilidad por los dramas sociales los Defensores del Pueblo y
Síndics de Greuges, así como algunos jueces de las instituciones
oficiales.
Es urgente disponer de una banca útil para el ahorro y la empresa
El balance del papel desempeñado por las entidades financieras es
inaceptable por lo ocurrido. En los años del boom obtuvieron unos
rendimientos extraordinarios de hasta el 30% anual del capital, lo cual
ha supuesto unos beneficios acumulados de 190.000 millones de euros
(1996-2010). Por el contrario, desde que estalló la crisis, los bancos y
sobre todo las cajas han consumido ayudas, de hasta 185.000 millones,
en su mayor parte públicas, nacionales y europeas. Además, el conjunto
del sistema financiero español ha sido rescatado literalmente de la
bancarrota por el Banco Central Europeo (BCE) con la inyección de más de
300.000 millones en condiciones privilegiadas con tipos de interés
del 1% durante tres años. En resumen, la crisis ha supuesto una clara
transferencia de rentas. Los titulares de acciones bancarias se
beneficiaron extraordinariamente en los años buenos, mientras que los
contribuyentes han pagado la factura de los rescates.
En pocos años hemos pasado de tener “el sistema financiero más sólido
del mundo” a descubrir unos bancos y cajas maltrechos que han precisado
toda suerte de auxilios públicos, que en contra de lo prometido no han
servido para reanudar el crédito a familias y empresas. La realidad es
que no sabemos cuál es el estado real de las instituciones españolas .
Es necesaria una investigación realizada por las propias instituciones
del país. En 2011, el Gobierno de Estados Unidos realizó un examen a
fondo de su banca cuyas conclusiones fueron recogidas en The
Financial Crisis Inquiry Report, que ha sido de gran utilidad para
corregir las irregularidades cometidas. En el Reino Unido, el informe
Vickers, encargado por el Gobierno británico, impulsa una reforma
estructural del sistema bancario para evitar que las futuras crisis
supongan un coste para el contribuyente. En la UE, el informe Liikanen
aboga por exigir más capital de los bancos y mayor uso del
au-torrescate.
El poder, sin precedentes, alcanzado por el sistema
financiero en España exige urgentemente una regulación más estricta.
Hace falta una radiografía de la situación real de nuestro sistema
financiero, para acabar con las repetidas sorpresas como el reciente
reconocimiento de una morosidad oculta a través de la refinanciaciones
de créditos morosos por valor de 150.000 millones. No es soportable
que el volumen de los créditos impagados en las actividades
inmobiliarias sea ocho veces más elevado que los fallidos de la
industria.
No estamos en contra de los bancos, ni muchos menos, sino en contra de
sus abusos y de sus disfunciones económicas. Es evidente que necesitamos
otro tipo de banca y otro tipo de regulación financiera más rigurosa en
la línea de las recomendaciones de los informes Vickers y Liikanen. Es
urgente disponer de una banca útil, con menos ínfulas, en la que no
tengan cabida los sueldos estratosféricos, que esté efectivamente al
servicio de la economía y de los ciudadanos. Los ahorradores deberían
disponer de una garantía pública efectiva de sus depósitos y los
empresarios y emprendedores, de recursos necesarios para financiar
nuevos proyectos, único camino para volver a generar rápidamente empleo.
Es necesaria una clara separación entre las actividades financieras
útiles para la inversión y el empleo, que deberían contar con
protección pública, de las actividades especulativas.
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