El oscuro negocio de la formación
La noticia pasó casi inadvertida hace dos meses: “La OLAF [Oficina de Lucha Anti-Fraude de la Unión Europea] alerta de dos posibles casos de fraude en cursos de formación en dos empresas familiares de Cataluña”. En realidad, 1,7 millones de euros, según su informe, entregado en diciembre pasado al Ministerio de Empleo. Mucho dinero para dos empresas familiares; poco para los 2.150 millones de euros (sumando el plan Prepara) que España destinó a formación en el empleo en 2012 y que manejan un sinfín de instituciones, sobre todo –y con mucha diferencia– los sindicatos UGT y CC OO y los empresarios de la CEOE, así como sus sociedades vinculadas; pero también comunidades autónomas, ayuntamientos, fundaciones, sindicatos, colegios, empresas, asociaciones…
Todos quieren sacar tajada de ese dineral –parte del cual llega de la UE, 8.000 millones para el sexenio 2007-2013), que contrasta con los apenas 600 millones destinados este año al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que sirve para financiar cerca de 10.000 cursos anuales de todo tipo –de jardinería a microinformática, de peluquería a pintura–, pero no para reducir ni un punto el paro. “Aquí se subvenciona un curso para limpiar la orilla del río; pero se rechaza uno especializado de mecánico de competición”, se queja Francisco Marín, un empresario de Torrelavega (Cantabria).
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