Mentiras en el Parlamento: responsabilidad política y responsabilidad penal
El Grupo Parlamentario de UPyD ha propuesto una reforma legal para que
mentir en el Parlamento sea considerado delito. La iniciativa no me
parece acertada por las razones que expondré, y creo que tampoco a los
demás editores ni a muchos de los colaboradores de este blog.
Sin embargo ha tenido la virtud de poner de manifiesto la gravedad de
nuestra situación, donde de las mentiras expresadas en ese foro,
representación de la soberanía popular, no derivan en responsabilidad
alguna. Tal vez por ello ha sido seguida por otra del Partido
Socialista, que quiere proponer un proceso semejante al Impeachment
norteamericano, en virtud del cual se puede conseguir hasta el cese de
un Presidente cuando haya incurrido en ciertas falsedades.
Contra esa posibilidad se ha dicho que esa figura es propia de un
sistema político tan particular como el estadounidense, y que no tiene
parangón en Europa. Lo que es cierto. Pero también lo es que en los
países europeos de nuestro entorno no sería imaginable que un Primer
Ministro mintiera en un parlamento para ocultar sus responsabilidades y
que no pasara nada por ello.
LAS MIXTIFICACIONES DEL PRESIDENTE
Apunto brevemente algunas de las mentiras (o, como poco, manipulaciones
falsarias) cometidas por Mariano Rajoy. En su conocida intervención del
uno de agosto ante el Congreso (reunido en la sede del Senado), el
Presidente dijo:
- Que no había en el PP una contabilidad B. Aunque ya son seis personas,
entre ellas altos cargos del partido, que admiten haber recibido los
pagos que aparecen reflejados en asientos de esa contabilidad.
Judicialmente se dilucidará la cuestión, aunque creo que queda poco
margen de duda.
- Que desde que supo que Bárcenas tenía cuentas en Suiza se sintió
traicionado en su confianza y rompió todas las relaciones con él. Muy
probablemente ese dato era conocido por el Presidente ya unas semanas
antes. Pero incluso dos días después de que saltara la noticia en la
prensa de tales cuentas suizas, Rajoy envió a Bárcenas un SMS de ánimo y
apoyo. Y el partido siguió pagando sus abogados.
- Que desde que él había sido elegido Presidente, Bárcenas ya no estaba
en el partido. Sin embargo el extesorero seguía en el PP (incluso
abonando cuota de militante) en condiciones además muy privilegiadas:
con sueldazo, coche oficial, despacho… ¡Incluso abogados pagados por el
Partido para su defensa penal! Que tales condiciones fueran además
negociadas personalmente por Arenas y el propio Rajoy, según la
declaración hecha por Cospedal al Juez Ruz, no hace sino agravar esa
declaración. E inducir a sospechar que las razones para ese trato
privilegiado no eran del todo confesables.
Como la capacidad de ver la realidad está a veces notablemente deformada
por razones de ideología, puede ser que aún siga habiendo gente que
crea que Rajoy ha sido del todo honrado, y que no ha faltado en absoluto
a la verdad. Otros muchos dicen creerle por razones diversas, aunque en
realidad no le crean. En muchos casos les va en ello incluso el sueldo.
Cosas de nuestra Partitocracia vertical. Pero como creo que la mayoría
es consciente de la situación, no quiero detenerme más en el dato de si
han existido o no esas mentiras o tergiversaciones, sino en cuáles
deberían ser las consecuencias de las mismas.
¿SOLUCIÓN PENAL?
Como señalé, no me parece idónea la solución penal propuesta por UPyD.
Esa solución tendría un dudoso encaje constitucional, pues el artículo
71 de la Carta Magna reconoce su “inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus funciones”. Pero al margen de ese
problema, y en todo caso, creo que no es la solución penal la adecuada.
Como hemos defendido en este Blog, en un ordenamiento maduro y avanzado,
el Derecho Penal debe considerarse una “ultima ratio” adecuado sólo
para afrontar problemas que no puedan ser solucionados con otro tipo de
responsabilidad.
En nuestro caso, las falsedades deben dar lugar a otro tipo de
responsabilidad: la política. Es en este ámbito sonde deben producirse
consecuencias. En otro caso, si pretendemos buscar soluciones en el
Código Penal, me viene a la cabeza con una sonrisa esa falsa “noticia”
del diario digital humorístico El Mundo Today recogiendo unas
declaraciones de Rajoy de que seguiría “gobernando desde la cárcel”.
Hemos dicho en otras ocasiones que un buen Estado de Derecho (y no es
nuestro caso) no necesita muchas leyes, sino que basta con que se
cumplan las existentes. Para ciertas faltas ni siquiera deberían ser
necesarias normas jurídicas. En un caso como el que tratamos, como
ocurriría en una democracia avanzada, un presidente atrapado en sus
mentiras debería marcharse por propia iniciativa, en virtud de un código
no escrito de honorabilidad de los políticos por el que esos actos no
serían admisibles. La reacción de la sociedad, y de los medios de
comunicación no deberían dejar además otra salda.
Pero vemos que no es nuestro caso. Y como no existe ese código de
honorabilidad, ni una sociedad estructurada que exija cuentas
inmediatas, la solución a estas situaciones debería encontrarse en el
ámbito interno de nuestros partidos. Pero tampoco. Éstos no son
verdaderamente democráticos sino caciquiles, y por eso tampoco disponen
de mecanismos que permitan apartar a un líder que pueda abochornar a sus
cuadros y militantes, o incluso llevar al desastre al Partido (como se
ha visto en el caso del Partido Socialista con Rodríguez Zapatero).
Por eso tal vez, reconocidas nuestras limitaciones, sería necesaria una
ley que estableciera ese tipo de responsabilidad política e inhabilitara
para seguir en su cargo al político que incurriera en una conducta tan
reprobable. Pero no podemos engañarnos: tal propuesta, lastrada por que
tampoco el partido que la propugna ha predicado con el ejemplo, no va a
salir. Desde luego, por el juego de la mayoría absoluta del partido
gobernante, férreamente controlada. Pero también porque en nuestro
régimen las élites que dominan los partidos con poder no tienen interés
alguno en aumentar los ámbitos de responsabilidad política (ni ninguna
otra) de sus líderes. Los mecanismos de control han sido colonizados y
desactivados por la partitocracia. Y no se rectifica, sino que se avanza
en este error.
Tal vez, por ello, si se consolida esa impunidad, el sistema no esté
sino dando un paso más en su camino de descomposición y de
deslegitimación social. Y tal vez en algún momento de ese camino algún
básico instinto de supervivencia haga reaccionar a una sociedad tan
fatalista y postrada como la nuestra.
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