El alcalde de Bollullos quiere acabar con la delincuencia expulsando a los parados

lo que de verdad van a hacer está en negrita, en el segundo párrafo..


El alcalde de Bollullos quiere acabar con la delincuencia expulsando a los parados

El robo con violencia a dos vecinos de Bollullos Par del Condado (Huelva) han terminado con la paciencia de la gente del pueblo, que tiene previsto concentrarse este jueves en la puerta del ayuntamiento para pedir un plan de seguridad más efectivo. La reunión de vecinos ha sido convocada a través de las redes sociales por ciudadanos anónimos después de que esta misma semana un hombre fuera golpeado para robarle y una anciana apareciera atada a la cama. “Es una quedada espontánea, en la que vamos a pedir que se acaben los robos y la violencia que ahora son más continuos que nunca”, comenta Flavio, un vecino, “pero no se cuántos seremos”.

Se trata del último capítulo de una historia que comenzó en Semana Santa y que ha tenido estos días un cambio de rumbo con un anuncio polémico del alcalde independiente, Francisco Díaz, que gobierna en coalición con el PP: negará el empadronamiento a cualquiera que no tenga un contrato de trabajo o un alquiler en regla y no tramitará ayudas sociales a las personas que hayan sido detenidas por cometer algún delito. Es la respuesta de la Junta Local de Seguridad al aumento de los actos vandálicos en el pueblo, que según datos del propio ayuntamiento ha registrado 19 detenciones y 21 actos vandálicos frustrados en el mes de agosto.

La oposición (IU y PSOE) y muchos vecinos se llevan las manos a la cabeza con las medidas antidelincuencia del alcalde y se preguntan qué pasará con los estudiantes que vuelven a casa después de haberse empadronado en una capital de provincia para estudiar o con las personas que han perdido sus trabajos y vuelven al pueblo a casa de sus padres. Por este motivo, han solicitado un informe a los servicios jurídicos de sus respectivas formaciones políticas para determinar si la medida se queda al margen de la legalidad vigente, ya que el empadronamiento es necesario para trámites cotidianos como solicitar el voto, un permiso de residencia o trabajo, la tarjeta de asistencia sanitaria, la inscripción en los colegios o la petición de ayudas sociales para desempleados. Ante el revuelo, Francisco Díaz Ojeda ha matizado sus palabras, aclarando que no podría vincular el padrón a un contrato de trabajo porque estaría fuera de la legalidad, aunque insiste en que exigirá un contrato de alquiler en regla.

La segunda medida adoptada en la Junta Local de Seguridad, la negativa a tramitar ayudas sociales a las personas que hayan sido detenidas por cometer algún delito -los servicios sociales municipales “cerrarán sus puertas a todas las personas que tengan pendientes delitos”, anunció el alcalde de Bollullos- atenta directamente contra el derecho de presunción de inocencia y según el análisis preliminar de los servicios jurídicos de los partidos de la oposición podrá ser recurrida por ilegal.

“Hasta el momento, el primer edil no ha querido escuchar la demanda ciudadana y ha sido nuestra insistencia la que ha provocado que por fin se celebrara una Junta Local de Seguridad en la que el alcalde ha excluido a los portavoces de PSOE y de IU, y que concluyó sin un plan concreto para atajar el problema”, denunció en rueda de prensa el portavoz socialista, Rubén Rodríguez. La oposición había pedido en varias ocasiones, sin éxito, un refuerzo en la dotación de la Guardia Civil.

La situación es “insostenible” y puede agravarse este fin de semana en el que Bollullos celebra sus fiestas y el “90% de la gente se traslada al recinto ferial”, comenta Rubén Rodríguez. El grupo socialista presentará en el pleno de este jueves una petición para que la Subdelegación del Gobierno refuerce las medidas de seguridad en el pueblo ya que “la gente tiene miedo”.

80 VIVIENDAS OCUPADAS

En su intento de criminalizar a los desempleados (alrededor de 1.200 en una población de unos 14.000 habitantes) y a las personas sin recurso, Francisco Díaz acusó al PSOE de alentar a la población a organizar patrullas ciudadanas y a sus excompañeros de IU de proteger a la comunidad que desde el mes de junio ocupan dos residencias de la localidad.

Los reproches del alcalde a su expartido responden a la situación de 80 viviendas ocupadas en la urbanización 3 de Abril de nueva construcción desde el pasado mes de junio.

Un grupo de familias sin casa decidieron tomar posesión de estas viviendas cuya entrega había sido paralizada por la quiebra de la empresa constructora. Las familias ocuparon las viviendas y solicitaron al ayuntamiento un alquiler social para quedarse. La empresa de aguas local tramitó un punto de abastecimiento para la urbanización, que poco después, ante las protestas de los vecinos -algunos de ellos propietarios de las viviendas sin escritura ya que la obra no habían sido entregada- fue anulada. Y el ayuntamiento les puso un punto de luz para que fueran habitables.

ANTECEDENTES DE VIC Y TORREJÓN DE ARDOZ

En enero de 2010, Josep Maria d’Abadal, alcalde de Vic, decidió negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles. El anuncio provocó protestas de ONG como Movimiento Contra la Intolerancia y 21 días después, el alcalde tuvo que dar marcha atrás. Una medida parecida fue denunciada en Torrejón de Ardoz, en la que el grupo municipal popular reconoció que usaban el padrón para disuadir a los inmigrantes de establecerse en la localidad.