El viernes 20 de septiembre se presentaron por el Gobierno nada menos que 40 medidas de regeneración política, (Plan de Regeneración democrática) producto, al parecer, de un informe elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, informe rigurosamente secreto, según me dicen, aunque por supuesto está elaborado por un organismo público (que depende del Ministerio de la Presidencia, por cierto) con dinero del contribuyente. A lo mejor están esperando a publicarlo a que se apruebe la Ley de Transparencia.
La primera reflexión es que el Gobierno que aseguraba hasta hace dos minutos que España no tiene un problema de corrupción ha cambiado de opinión. Algo es algo, teniendo en cuenta que su Presidente ha afirmado en el Parlamento el uno de agosto pasado que desconocía lo que estaba pasando con la financiación de su partido durante más de dos décadas y que si defendió con tanto ahínco al tesorero sr. Bárcenas porque él es una buena persona (el Presidente, no el Tesorero). Reconocerán conmigo que para un Gobierno de este tipo instalado en una realidad paralela este reconocimiento es un gran avance.
Aunque el reconocimiento, bien es verdad, es más bien implícito y se deriva del propio análisis de las medidas en cuestión, puesto que si no hubiera un problema profundo de corrupción ligado a la financiación irregular de los partidos políticos a cambio de favores y dinero del sector público este tipo de medidas carecería de finalidad. Su sola lectura pone los pelos de punta.
La segunda reflexión es que el Gobierno carece de credibilidad para luchar en serio contra la corrupción, dado que uno de sus principales focos está en la sede del PP. Problema que comparte con la mayoría de los viejos partidos, todos ellos afectados por casos de corrupción endémicos ligados a su financiación irregular. Por eso las medidas (como ocurrió también en los años 90 en el que el mismo CEPJ elaboró otro informe) son siempre a futuro, nunca se refieren al presente y nunca tienen la menor conexión con la depuración de las responsabilidades políticas y jurídicas aquí y ahora. Así puede afirmar el Gobierno que estas medidas no tienen nada que ver con el caso Bárcenas. Efectivamente, los casos ERES, Bárcenas, Palau y tantos otros que afectan a los viejos partidos son paradigmáticos en la medida en que en ninguno de ellos se ha depurado ninguna responsabilidad política (la dimisión de Griñán para dar paso a una sucesora elegida a dedo e irse a aforar al Senado no puede considerarse seriamente un caso de asunción de responsabilidades) y queda por ver si será posible depurar alguna responsabilidad jurídica o judicial y cuando.
En definitiva, como dice mi admirado Cesar Molinas, en España lo peculiar no es que haya mucha corrupción, sino que no se depuran nunca las responsabilidades derivadas de la corrupción. Ni las políticas, ni las jurídicas ni siquiera las “reputacionales” de manera que el Banco de Santander puede contratar como gran fichaje a un ex político imputado (y por el caso Bankia precisamente) sin que tiemblen los mercados y huyan los clientes y accionistas despavoridos. Yo añadiría otra peculiaridad, que nos diferencia (todavía) de otros países tercermundistas: tenemos infinidad de herramientas legales e institucionales formalmente diseñadas para depurar estas responsabilidades, lo que pasa es que no funcionan. Algunas, la mayoría, han sido inutilizadas por los partidos políticos, mediante la captura de instituciones tan relevantes a estos efectos como el Tribunal de Cuentas. En otros casos, la inutilización procede tanto de un mal diseño formal de los mecanismos de control como del desistimiento o complicidad de los funcionarios al frente. Por último, siempre queda practicar la obstrucción sistemática de los pocos mecanismos que funcionan, especialmente los judiciales.
La tercera reflexión es que las medidas siempre son de papel, por esa querencia al BOE que tienen nuestros políticos. He perdido la cuenta de las veces que se ha reformado el Código Penal para “endurecer” las penas contra la corrupción, definir mejor tipos penales “dudosos” (especialmente para los que los han cometido), etc, etc. Tampoco llevo ya la cuenta de los códigos de conducta aprobados en el seno de los partidos, en el sector público, en el privado y en el mediopensionista. La ley de financiación de partidos ha sido modificada por última vez en mayo del 2012, aunque es verdad que todavía Bárcenas no había empezado a cantar. No parece que ninguna de estas medidas normativas haya sido muy efectiva. La cantinela “la normativa no lo prevé o es insuficiente” es muchas veces una excusa para no depurar las clarísimas responsabilidades presentes. No hay que hacer un código de conducta para el sector público para saber que contratar a parientes o amigos para puestos públicos sin la preparación debida y sin transparencia y concurrencia está mal, lo dice la Constitución, las leyes administrativas, el sentido común y hasta la simple decencia. Tampoco otro para el sector privado explicando que contratar a un político o familiar del Rey que está imputado es incorrecto, de hecho ya existe y no se cumple. Lo que pasa es que este tipo de conductas no tiene sanción alguna, ni moral, ni jurídica ni política y en cambio presentan muchas ventajas para quienes las realizan, aunque no precisamente para los contribuyentes.
La cuarta reflexión es que las medidas que se aprueban o más bien se anuncian (todas exigen cambios normativos y modificaciones ulteriores) no atacan nunca las causas últimas del bloqueo de los mecanismos de depuración de responsabilidades a todos los niveles, que yo resumiría en seis:
- el control partitocrático de las instituciones que deberían cumplir esa finalidad en una democracia sana,
- la falta de democracia interna de los partidos que impide la competencia en su seno para sustituir o presentar alternativas a líderes corruptos,
- la cultura de la opacidad que reina en la vida política española,
- la extensión y generalización de las redes clientelares propiciadas por el defectuoso funcionamiento de la democracia y el sector público español,
- la complicidad por activa o por pasiva de los funcionarios y empleados del sector público que deberían evitar estos comportamientos, muchos de los cuales se han pasado con armas y bagajes al servicio de los que cortan el bacalao mientras que otros callan por miedo o resignación.
- y quizá, la más importante de todas, la falta de una opinión pública exigente que diga, como en el caso de la plataforma vasca, Basta ya.
Cuenten ustedes a cuantos políticos corruptos ha echado este Gobierno del Partido Popular, o cualquier otro Gobierno de cualquier otro partido.
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