Florentino y su filial Castor provocan un ‘terremoto’ con la Generalitat
Un terremoto en el Delta del Ebro y otro en los despachos. Si en la
madrugada de ayer los vecinos del Delta se despertaron por un terremoto
de una intensidad de 4,2 en la escala de Richter, ayer se añadió otro
punto de tensión entre Barcelona y Madrid, esta vez entre la Generalitat
y el Gobierno. Pero no sólo con el Ejecutivo español, sino también con
ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez y propietaria del
66% del depósito de gas subterráneo Castor, en Vinaroz (Castellón), al
que se acusa de este seísmo y de los más de 250 temblores de tierra que
se suceden en el sur de Cataluña desde el pasado mes de septiembre.
La Generalitat, a través de la Conselleria de Territorio, Sostenibilidad
y Medio Ambiente, ha solicitado formalmente que se deje de inyectar gas
en Castor para prevenir males mayores. El conseller de la
Presidencia, Francesc Homs, ha advertido que la Administración catalana
se reserva las medidas legales ante "posibles responsabilidades
derivadas de los seísmos".
Fuentes cercanas a la Generalitat han asegurado que la Conselleria de
Territorio, que encabeza Santi Vila, también ha pedido al Ministerio de
Industria el estudio geológico que avaló el proyecto de Castor. En 2007,
cuando se aprobó esta infraestructura de gas subterráneo en una antigua
cavidad que había alojado reservas de crudo, la Generalitat ya presentó
alegaciones pidiendo un informe geológico que avalase el proyecto. Este
informe nunca se entregó a la Administración catalana y en medios de
los funcionarios de Medio Ambiente se teme que, directamente, no exista.
Para avalar la reclamación de la Generalitat, el Instituto Geológico de
Cataluña está llevando a cabo un estudio para determinar las causas de
la reciente y sorprendente inestabilidad sísmica que está viviendo el
sur de Tarragona, concretamente la zona más cercana a Castellón, donde
se encuentra el depósito de Castor.
ACS se juega mucho en
este proyecto: la inversión de Castor suma 1.200 millones de euros. ACS
está asociada con el grupo canadiense CLP, que tiene el 33% restante.
Homs ya ha advertido que la Generalitat requerirá hoy mismo información a
la empresa explotadora, la firma Escal UGS, controlada por ACS y CLP,
lamentando que esta "por ahora, no es muy precisa".
La Generalitat, sin competencias
La situación legal es
compleja. Castor es una reserva estratégica de gas del Gobierno. ACS es
la propietaria mayoritaria y Castor la que inyecta el gas, aunque Enagás
es la propietaria del propio gas. Precisamente, está previsto que
Enagás compre un 33% que ACS tiene en Castor el 2014, con lo que cada
socio quedaría con un tercio del capital.
Fuentes académicas expertas en geología valoran que las causas de los
seísmos pueden deberse a la propia configuración geológica de la
concavidad que dejó el antiguo yacimiento petrolero o a la velocidad a
la que Enagás está inyectando el gas en Castor.
Al estar situado en Castellón, la Generalitat catalana no tiene
competencias ni de política energética ni medioambientales para cerrar
el depósito subterráneo o para vetar o sancionar la actividad. Pero se
abre la posibilidad de un nuevo conflicto legal que implique a varias
Administraciones y a las empresas afectadas.
La ventaja para ACS es que, por ahora, no ha habido daños relevantes provocados por los temblores de tierra.
El grupo de Florentino Pérez acaba de volver a los beneficios este
semestre, ganando 357 millones, y el interés de ACS, y el de Enagás, se
centrará en intentar evitar el conflicto.
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