La destrucción de los discos duros de Bárcenas por el Partido Popular: segunda parte de la historia (I)

La destrucción de los discos duros de Bárcenas por el Partido Popular: segunda parte de la historia (I)

Hace ahora un mes escribí un post en este mismo foro titulado “la inminente imputación del Partido Popular” (ver aquí) en el que, de forma no exenta de ingenuidad, afirmaba que “con una altísima probabilidad, rayana en la certeza, el Partido Popular va a tener el dudoso honor de ser el primer partido político imputado en España”.

Tan rotunda afirmación la hacía tras la lectura del Auto de 19 de septiembre de 2013 dictado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el conocido como “caso Gürtel” (en el que se investiga también en pieza separada, conocida popularmente como los “papeles de Barcenas”, la existencia de una contabilidad paralela en el PP), en el cual el mismo constataba la existencia de diversos indicios delictivos derivados de la actuación del Partido Popular en relación a la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas.

En el referido Auto el juez Ruz acordaba deducir testimonio de diversos particulares obrantes en la causa e inhibirse parcialmente en favor de los Juzgados de Instrucción de Madrid a fin de que dicho órgano judicial investigara la posible concurrencia de, cuanto menos, dos posibles delitos: encubrimiento (art. 451 CP) y daños informáticos (art. 264 CP), del cual sería eventualmente responsable el propio Partido Popular (PP), a raíz de la última reforma del Código Penal del año 2012 que hizo extensible la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los partidos políticos y sindicatos.

En definitiva, explicado en términos llanos: el Juez Ruz había encontrado durante la investigación del caso Gürtel diversos indicios de la comisión por parte del PP de dos posibles hechos delictivos derivados de la unilateral destrucción de los discos duros de los ordenadores de su ex tesorero, Luis Barcenas, pero entendía que esa investigación podía desarrollarla mejor y más rápido un juzgado de instrucción “normal” en vez de abrir una nueva pieza separada en el seno de una instrucción (la del “caso Gürtel”) ya de por sí muy compleja.

En ese contexto, dado lo exhaustivo del Auto y la cuidadosa labor previa de calificación jurídica realizada por el juez de la Audiencia Nacional (órgano judicial especialmente cualificado en cuanto a su ámbito competencial), lo que razonablemente podía esperarse es que el Juzgado de Instrucción de “Plaza Castilla” al que, por turno de reparto, le correspondiera el asunto procediera a abrir las correspondientes diligencias previas y llamara a declarar al propio Partido Popular, en condición de imputado.

Sin embargo, lo que es esperable en cualquier circunstancia “normal” deja de serlo cuando aparecen de por medio cargos públicos, aforados y partidos políticos, pues ante tal eventualidad los órganos judiciales optan con demasiada frecuencia por retorcer la interpretación de las Leyes, en beneficio siempre de tales insignes personajes. Sobre esta cuestión ha escrito magníficos post Rodrigo Tena aquí, aquí y aquí sobre los casos Blanco, Matas y Barcina, que tienen en común alambicadas interpretaciones legales y jurisprudenciales para no imputar, atenuar o exonerar de responsabilidad penal a cargos públicos en conocidos casos de corrupción política.

En la misma línea, lo que hizo el Juzgado de Instrucción num. 32 de Madrid no fue ponerse a investigar, como le exhortaba el Juez Ruz, sino aceptar su competencia y en el mismo Auto (fechado el día 30 de octubre), acordar el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento sin practicar ni una sola prueba.

¿Tendrá algo que ver con esta colección de resoluciones judiciales exculpatorias la arraigada costumbre de los partidos de repartirse por cuotas el nombramiento de los vocales del CGPJ, encargados de designar a los titulares de las altas magistraturas del Estado?

No quiero ser mal pensado ni que me acusen de insidioso, así que voy a continuar con los hechos y dejo a cada cual la interpretación de la causas de los mismos.

Como decía, en mi vaticinio (por ahora) frustrado respecto a la previsible imputación del Partido Popular, pesó la contundencia del Juez Ruz al relatar a lo largo de las 11 páginas de su resolución los numerosos indicios delictivos que apuntaban a la existencia de un posible delito de encubrimiento y otro de daños informáticos, que me veo en la obligación de resumir sucintamente.

En primer lugar, en lo que se refiere al delito de encubrimiento, contemplado en el art. 451 CP, el juez Ruz constataba en su Auto que, tras el requerimiento judicial realizado al Partido Popular a fin de que entregara los dos ordenadores de Barcenas retenidos en un despacho de su sede de la calle Génova, el referido partido entregó los mismos convenientemente destruidos, junto con un escrito explicativo que confirmaba que la destrucción se había realizado (sin hacer una copia de seguridad) “por persona desconocida, en fecha no determinada, pero en todo caso con posterioridad al 21 de abril de 2013”, cuando el usuario de dichos ordenadores, el Sr. Barcenas, ya se encontraba imputado por partida doble (tanto en el “caso Gurtel” como en la pieza separada relativa a los “papeles de Bárcenas”).

Como refiere el propio Auto, tras el análisis forense del disco duro, se concluyó que había sido formateado el día 3 de julio de 2013, con posterioridad incluso al ingreso en prisión de Luis Barcenas, no existiendo evidencias que indiquen que ese ordenador hubiera sido usado con posterioridad por empleado alguno, como se afirmaba como justificación de dicho comportamiento por el propio PP, siendo imposible que desconocieran la relevancia de dichos ordenadores en la causa penal abierta, toda vez que el citado partido había estado personado como acusación popular (hasta su expulsión) y que, en cualquier caso, estamos hablando de acontecimientos procesales que constituían al tiempo de la destrucción del material informático “hechos notorios por su difusión pública”.

Por otro lado, respecto del delito de daños del artículo 264 CP, que sanciona “al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave”, el debate jurídico se centra en determinar si, como exige el tipo delictivo, el mismo se había producido sobre bienes ajenos, pues el causar un daño a un bien propio no es punible.

A este respecto el Juez Ruz, planteaba, en los términos indiciarios que son propios de este tipo de resoluciones, que no era en modo alguno descartable que la destrucción se hubiera producido sobre bienes propios de Barcenas, señalando a este respecto el dato (no cuestionado posteriormente por el Juzgado de Instrucción de Madrid) consistente en que unos meses antes, en octubre de 2012, el disco duro del ordenador “Mac Book pro” había sido sustituido por uno nuevo; labor que realizó una empresa informática que a continuación facturó tales trabajos al ex tesorero del PP personalmente, a quien se identifica como “cliente” en la factura.

En suma, todo parece apuntar a que el disco duro (el único existente, pues el otro ordenador se aportó por el PP ¡sin disco duro!) era propiedad de Luis Barcenas, existiendo adicionalmente dudas sobre la titularidad de los ordenadores en los que aquel se instaló y, yendo más allá, sobre la titularidad de los archivos informáticos existentes en el mismo al tiempo de su destrucción y borrado.

Con tales antecedentes lo normal parece que hubiera sido practicar las diligencias de investigación necesarias a fin de determinar quién y cómo se adquirieron tales ordenadores y en qué circunstancias se produjo su destrucción, esto es, si se realizó siguiendo o no instrucciones de la dirección del PP y quién la llevo materialmente a cabo.

Pero sin embargo el Juzgado niega de raíz que los hechos pudieran tener relevancia penal, afirmando que “no hay prueba que pueda practicarse en esta causa tendente a determinar la titularidad de estos bienes, de forma que entonces, habrá que presumirse, según la presunción iris (sic) tantum de Derecho Civil, que los bienes pertenecen al titular del inmueble, con lo que, hallándose los ordenadores en la sede del Partido Popular, a él le pertenecen, salvo prueba en contra (art. 449 C.C.)”.

A la vista de tan sorprendente afirmación, cabe preguntarse ¿por qué no hay prueba que pueda practicarse para desvirtuar dicha presunción? ¿Cuáles son los razonamientos que llevan al Juzgado a entender que los hechos carecen de relevancia penal, sin practicar ni una sola diligencia de investigación? Para ello tenemos que analizar de nuevo ambos delitos de forma separada, lo que haré en la siguiente y última entrega de esta serie.