20131119

Tregua eléctrica contra el frío

rehabilitar está bien, pero de que baje el precio de la electricidad (la más cara de Europa), o quitar el "impuesto al sol" (para desincentivar el autoconsumo) nada, claro.. que las eléctricas tienen que pagar a mucho consejero..

disfruten lo votado..


Tregua eléctrica contra el frío

  • Partidos e instituciones proponen prohibir en invierno los cortes de luz y agua por impagos
  • Andalucía plantea garantizar un mínimo para los hogares más pobres
Para solucionar un problema hay que identificarlo. El concepto “pobreza energética” se ha empezado a colar en la agenda política española, pero aún carece aquí de una definición y de un análisis específico que permita conocer su dimensión. Cuando buscan un referente, los expertos miran hacia Reino Unido, un país pionero en el estudio de este fenómeno y que cuenta con una estrategia global para su erradicación en 2016; algo que, pese a los esfuerzos, parece que no se va a lograr. Los británicos pusieron en marcha en 2001 su plan y establecieron que “un hogar en pobreza energética es aquel que necesita gastar más del 10% de sus ingresos en todo tipo de combustibles” para calentarlo “hasta un estándar adecuado”, entendido como 21 grados en la sala de estar y 18 en el resto de habitaciones ocupadas.

A partir de esa definición se empezaron a aplicar medidas de choque. “En Reino Unido se evita el corte del suministro en invierno”, explica Marta García, responsable de pobreza energética de la asociación catalana Ecoserveis. Ese país también dispone de una ayuda invernal de entre 100 y 300 libras (entre 120 y 360 euros) para los mayores de 61 años y para los perceptores una pensión estatal o de cualquier programa contra la exclusión social.

El informe de referencia en España es de 2012 y fue editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El estudio Pobreza energética en España establece que, “aunque no existen aún metodologías de medición específicas”, se estima que este problema afectaba en 2010 al 10% de los hogares, es decir, unos cuatro millones de personas. En el informe también se evaluaron las políticas existentes en España para intentar paliar el problema. “No existen medidas realmente eficaces”, concluye José Luis López, miembro de ACA.

Se plantea establecer, al igual que en Reino Unido, “una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de electricidad, gas o agua por impago” a las familias con menos renta, aunque no se establece un umbral de ingresos.

La Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, está preparando un decreto que contempla garantizar un consumo mínimo de electricidad y agua a las personas en riesgo de exclusión. Manuel Silva, asesor de la Consejería de Administración Local y docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha sido el encargado de coordinar a los ocho profesores que han elaborado la propuesta. Silva detalla que el indicador que se ha tomado para determinar quiénes pueden ser los beneficiados es el denominado ingreso mínimo de solidaridad, una renta básica de inserción propia de la Junta. Actualmente, 47.329 personas están percibiendo esta ayuda de emergencia de 400 euros mensuales, aunque se espera que se incremente hasta casi 55.000 en los próximos meses. A ellas van dirigidas las medidas que prepara el Gobierno regional. Aunque en Andalucía no se ha hablado aún de una tregua invernal, el objetivo del decreto que prepara la Junta es parecido. “Queremos garantizar que no haya cortes”, apunta Silva, para lo que se establecen mínimos de consumo.

Esta organización, al igual que los expertos, también dirige su mirada a la raíz del problema y propone potenciar la eficiencia energética de los edificios como una forma de luchar contra este tipo de pobreza. “El 50% de las viviendas en España son anteriores a 1979, cuando no había normativa de aislamiento”, señala Marta García, de Ecoserveis. “Lo que realmente se necesitan son medidas estructurales, como el apoyo a la rehabilitación energética, que también podría generar empleo verde”, añade Luis Jiménez, del Observatorio de la Sostenibilidad.

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