"Trabajábamos todo el día. Solo podíamos ir al baño si enseñábamos un ticket al vigilante"
Ilario Calero recuerda al otro lado del teléfono sus cinco años como
trabajador de Pescanova. “Teníamos horario de entrada, las 6 de la
mañana, pero no contábamos con una hora fija de salida. Normalmente
llegábamos a las 24 horas”. 24 horas descabezando y pelando camarones.
Denuncia la falta de salario fijo, la prohibición de sindicarse e
incluso la inexistencia de descansos. “No los permitían, tan solo
podíamos salir un ratito a almorzar. Tampoco nos dejaban desayunar, así
que pasábamos la mayoría del tiempo de trabajo sin ingerir alimentos”,
explica a Desalambre desde Nicaragua. "Trabajábamos todo el día.
Podíamos ir al servicio después de haber recibido un ticket que teníamos
que enseñar al vigilante para que nos dejase ir". Solo entonces tenían
permiso para hacer sus necesidades.
La capacidad del sector privado para fomentar el desarrollo de los
países empobrecidos queda en entredicho con la falta de respuesta ante
los impactos negativos de las diez mayores empresas alimentarias del
mundo. Pescanova no pertenece a ellas, pero sí es una de las más grandes
de España. Han transcurrido nueve meses desde el inicio de la campaña
'Tras la Marca' de Oxfam Intermón que ponía en evidencia la falta de
responsabilidad de las multinacionales sobre los países donde se
abastecen: todas suspendían. A principios de noviembre, llegó el
compromiso de una de las grandes: Coca-Cola ha respondido. Según dice,
evaluará y analizará su cadena de producción para evitar el
acaparamiento de tierras del que acusan a algunos de sus proveedores. Es
el principio de una llamada de atención para todas las multinacionales
acusadas de aprovecharse de la pobreza de los países donde operan.
Pescanova desembarcó en Nicaragua en 2002. Desde entonces, a medida que
el gigante expandía sus actuaciones por el país a un ritmo constante
-excepto los últimos años, en los que la situación económica del grupo
gallego se ha visto muy debilitada-, aumentaban las demandas sobre su
impacto negativo en la zona occidental del país. Diversas ONG y
organismos internacionales como el Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL), Oxfam Intermón, o el Observatorio de la Deuda en
la Globalización coinciden: la explotación intensiva del camarón de
Pescanova, además de no fomentar el desarrollo de las comunidades
pesqueras donde está asentada, perjudica la calidad de vida de la zona
debido a sus malas prácticas medioambientales y a las abusivas
condiciones laborales impuestas a sus trabajadores.
El antiguo trabajador de Pescanova, como el resto de sus compañeros,
cobraba en función de la cantidad de camarones que descabezaba. Por cada
400 gramos de cabezas, 45 centavos de Córdoba nicaragüense (menos de 10
céntimos de euro). Su sueldo semanal giraba en torno a las 400 córdobas
(11,60 euros). Ilario dejó de tener trabajo cuando sus jefes
descubrieron que él, junto con otros de sus compañeros, intentaban
sindicarse para solicitar mejores condiciones. “Tuvimos mucha presión
después de que 25 trabajadores intentásemos organizarnos en un
sindicato. A partir de ahí, iba a trabajar, me decían que no había
producción, y regresaba a casa. Hasta que tuve que dejarlo”.
Las denuncias van más allá del ámbito laboral. “Pescanova ha reducido
significativamente la producción de las familias costeras, esto afecta
directamente a su capacidad de supervivencia diaria. Debido al despale
del mangle, a la contaminación generada por los productos químicos que
lanza desde sus granjas cameroneras al mar y a la sobreexplotación,
cuando los pequeños pescadores van a faenar, no hay peces”, denuncia
Martha Flores, portavoz del Movimiento Social nicaragüense 'Otro Mundo
es posible' en conversación telefónica con Desalambre. “El impacto es
muy fuerte porque todas las comunidades aledañas viven de la pesca. Este
es el sustento para sus familias”. Desde eldiario.es nos hemos puesto
en contacto con la multinacional pero, tras solicitar el envío de las
preguntas a través de correo electrónico, no ha respondido.
Qué tendrá que corregir Coca-Cola
Coca-Cola es el mayor comprador de azúcar del mundo y controla el 25%
del mercado global de refrescos. PepsiCo controla el 18% del mercado
mundial de refrescos y su catálogo de 21 marcas incluye algunas como
Pepsi, Tropicana, Doritos y Lipton. El origen del azúcar que endulza sus
productos mancha la reputación de ambas agroalimentarias.
Bunge, Tate & Lyle Sugar o Usine Trapiche son algunos de los
proveedores de azúcar de estas conocidas marcas. Estas tres empresas
tienen luchas abiertas con comunidades de países como Brasil o Camboya
tras haber acaparado sus tierras sin respetar el principio de
consentimiento libre, con consecuencias directas en la vida de las
comunidades.
Edilza Duarte vive en la reserva indígena de Punta Porá, en el estado de
Mato Grosso do Sul (Brasil). Hace unos años ella y su familia podían
autoabastecerse de alimentos, hasta que se vieron obligados a abandonar
sus tierras. El motivo: en 2008 el Ingenio de Bunge, gigante alimentario
estadounidense compró una productora de azúcar llamada Monteverde que, a
su vez, adquirió cinco explotaciones situadas en las tierras de estas
comunidades indígenas. “Primero comenzaron a rociar la tierra con
fertilizantes. Después, plantaron la caña de azúcar y rociaron veneno de
nuevo, incluso por encima de nosotros y cerca de nuestra casa”, explica
Edilza Duarte según los testimonios recogidos por Óxfam Intermón sobre
el terreno. “Cuando llovía, el agua bajaba hacia el río donde nos
bañábamos y del que obteníamos agua potable. El veneno se dispersó y las
personas enfermaron. Los niños cogieron diarrea, infecciones cutáneas y
otras enfermedades. Mis hijos no fueron los únicos que lo sufrieron”.
Los niños están especialmente afectados por los pesticidas lanzados
sobre las plantaciones de caña de azúcar./ Tatiana Cardeal/ Oxfam
Intermón
Coca-Cola se abastece con azúcar de Bunge en Brasil. Oxfam puso en
evidencia la inexistencia de control sobre las actuaciones negativas que
puedan llevar a cabo sus proveedores, aunque, según asegura la
multinacional, el suyo no procede de estas explotaciones concretas (las
de Monteverde). Después del compromiso público de la empresa, debería
evaluar que respeta la ley el gigante alimentario al que compra parte de
sus reservas de azúcar.
Si quiere cumplir, también analizará las políticas de Tate & Lyle
Sugars. Tanto Coca-Cola como PepsiCo confirman que sus plantas
embotelladoras compran azúcar a esta empresa, con sede en Londres, que
actualmente está en proceso judicial tras una demanda interpuesta por
200 familias. Le acusan de abastecerse con azúcar extraído de forma
abusiva por el gigante tailandés Khon Kaen Sugar Co Ltd (KSL) que, según
afirman, expulsaron a cientos de campesinos de Srae Ambel.
Después de preguntar al departamento de comunicación de PepsiCo sobre
estas acusaciones, la multinacional nos envía un informe sobre sus
"prácticas sostenibles". Además, señalan que d esde 2012 han tenido
reuniones regulares con Oxfam sobre estos asuntos. "Hemos compartido con
ellos nuestro Código de Conducta para Proveedores, les hemos
proporcionado información actualizada sobre nuestros progresos y
próximos pasos en un gran número de líneas de trabajo, así como abordado
preguntas específicas e inquietudes. De hecho, el Presidente de Oxfam
América se reunió recientemente con la alta dirección de la compañía
para debatir sobre estas áreas", explican. Por su parte, Oxfam Intermón
insta a esta empresa a realizar un compromiso firme después del
efectuado por su principal competidor. "La pelota está ahora en el
tejado de PepsiCo y ABF. Deben responder a las exigencias de cientos de
miles de personas", rezaba un comunicado reciente de la organización.
El compromiso público de Coca-Cola pone el foco en los próximos pasos de
la principal compradora de azúcar mundial. “Se trata de la mayor
declaración de intenciones resultante de 'Tras la Marca' pero seguiremos
vigilando”, indica Paula San Pedro, portavoz de la campaña. “Hemos
demostrado que el consumidor tiene más poder que una Coca-Cola”, añade.
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