recordar que los que se manifiestan en Burgos son unos violentos-antisistema-terroristas-radicales-antidemócratas que no quieren que este buen
señor les construya un bulevar supernecesario para la ciudad por unos
miseros millones de euros.. y muchas más cosas que habrán pasado y que los "medios de información" (de los que el protagonista tiene un buen puñado) curiosamente, no nos cuentan..
dicen que el aludido lleva unos días refugiado en casa, y ha contratado a seguridad privada.. de lo mucho que lo quieren.. claro..
Todo
comienza con el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación
Urbana por el Ayuntamiento burgalés elegido en 1983 que por lo visto
había puesto de manifiesto reiteradas actuaciones de nuestra mayoría
absoluta del Partido en el Ayuntamiento, encabezada por el Alcalde José
Mª Peña, antes Alcalde con UCD, para favorecer al constructor amigo Antonio Miguel Méndez Pozo ( Michel ) propietario a la sazón de la inmobiliaria Río Vena.
Las acusaciones - más o menos fundadas - de corrupción
eran por lo que se ve tan consistentes, encabezadas por la propia
Federación de Empresarios de la Construcción, que incluso nosotros
mismos le dimos crédito, y decidimos cambiar de candidatura y no
presentar en nuestra lista a Peña y a su equipo en 1987. Así se presenta
una lista oficial del Partido, encabezada por nuestro diputado Cesar
Huídobro, mientras que Peña se presenta utilizando un partido (Solución
Independiente) creado por su mentor político, Rafael Pérez Escolar.
Pero
hete aquí que como estaba previsto una vez más entra en juego el saber y
la astucia de SE. A través de la CEOE, Méndez Pozo conecta con nuestro
líder carismático , y le convence de que es un disparate dividir los
votos de la derecha en Burgos. Presionado por SEr, Antonio Hernández
Mancha, entonces secretario general del Partido, acepta retirar la
candidatura oficial del Partido, que es retirada tras un complicado
litigio jurídico por la dirección nacional. Los perjudicados denunciaron
que tras esta decisión hubo una substanciosa financiación de
empresarios burgaleses a la campaña regional del Partido.
Retirada
la candidatura , SI de Peña vuelve a ganar las elecciones municipales
en Burgos, mientras el proceso sigue su curso, En la Diputación el PSOE,
CDS y el PP pactan la elección de un Presidente de este último partido
marginando a SI. Pero SE sigue maniobrando. Nombra un delegado
territorial de la Junta en Burgos de la confianza de Peña y procesado
con él en este caso, integra el único procurador obtenido por Si en el
Grupo Popular (el PP había empatado con el PSOE en las Cortes y este
voto fue decisivo para su investidura), destituye a la dirección
provincial rebelde del PP en Burgos, y acaba maniobrando para romper el
pacto de la Diputación y recomponerlo a una alianza PP-Si. Mientras
tanto, y de la mano de su compañero de carrera José María Concejo
(actual miembro de diversos Consejos de Administración en representación
del BBV) estrecha su relación con Méndez Pozo. Este mientras tanto
había comprado el Diario de Burgos, en cuyo club de opinión se produce
la presentación primera de la candidatura de SEr a la Presidencia del
Gobierno en 1989.
El
proceso judicial sigue su curso, con testimonios abrumadores del
Colegio de Arquitectos y evidencias de un favoritismo increíble con
recalificaciones e incremento de aprovechamientos. Incluso nuestro líder
carismático se ve obligado a declarar por escrito.
LO que dicho sea de paso le incomoda más de los `revisto. sev, En 1991
el Partido vuelve a presentar a Peña como Alcalde, que sufre un fuerte
retroceso de más del 15% de los votos y gana por muy poco debido a que
hay 3 candidaturas que con el 4,5% de los votos quedan sin
representación. El Partido sigue defendiendo cerradamente su inocencia,
hasta que en mayo de 1.992 la Audiencia Provincial de Burgos condena a
Peña y a tres de sus concejales a inhabilitación y a Méndez a siete años
de prisión.
El
Supremo confirmará año y medio más tarde la sentencia. Más tarde Peña
romperá relaciones con el PP y Méndez Pozo y se presentará en 1995 a las
autonómicas sin obtener representación. Mientras tanto, Méndez Pozo
tras su paso por la cárcel siguió viviendo un idilio con el PP. Desde el
Diario de Burgos ha comprado una agencia regional de noticias (CAL)
desde la que alaba sin tregua a la Junta, ha entrado con el 25% en la
Cadena Ibérica, etc,
La sentencia del Caso de la Construcción declaraba probado que en
algunos terrenos de la Junta se habían producido intrusamientos por
parte de las inmobiliarias de Méndez Pozo, y anulaba diversas unidades
de actuación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. La
sentencia en la práctica no se ha ejecutado, al haber convalidado las
actuaciones irregulares el propio Ayuntamiento y la Junta con decisiones
urbanísticas posteriores. La Junta de Castilla y León tampoco ha hecho
nada por reivindicar la titularidad de sus terrenos intrusados.
EL CONSTRUCTOR MÉNDEZ POZO INGRESA EN PRISIÓN AL DENEGARLE EL GOBIERNO EL INDULTO QUE HABÍA PEDIDO
El empresario está condenado a siete años por el 'caso de la construcción' de Burgos
Antonio
Miguel Méndez Pozo, el empresario condenado a siete años de cárcel por
falsedad documental en el caso de la construcción de Burgos, ingresó
ayer en la pri sión burgalesa después de que el Constitucional haya
denegado su recurso de amparo y el Gobierno no le indultase ayer. El
titular de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló tras la
reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno ha tenido tres razones
para denegar la petición del constructor: "La opinión negativa de la
Saladel Tribunal Supremo, la opinión en contra del fiscal y el tipo de
delito".
Dos
agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron al constructor en su
despacho profesional sobre la una de la tarde, y le condujeron a la
prisión provincial. Poco antes, el presidente de la Audiencia Provincial
de Burgos, Juan Sancho, órgano que dictó la condena en primera
instancia, había firmado el correspondiente auto de ingreso en prisión.
El constructor llevaba varios días sometido a una "discreta" vigilancia
policial después de que el Tribunal Constitucional no admitiese su
recurso de amparo.Méndez Pozo quedó recluido en el módulo de tránsito,
donde ocupa una celda individual hasta que hoy le sea asignado un nuevo
módulo. Ayer tarde iba a ser sometido a reconocimiento médico y atendido
por una asistente social.
El empresario fue el único de los acusados en el caso de la construcción
condenado a penas de cárcel. El ex alcalde de Burgos José María Peña y
varios concejales fueron inhabilitados por prevaricación continuada
-dictar a sabiendas resoluciones injustas en la concesión ilegal de
licencias de obras de las que se beneficiaron las empresas de Méndez
Pozo. Tras 13 años al frente de la alcaldía, de Burgos, Peña se vio
obligado a dejar el cargo en junio de 1992.
La
solicitud de indulto de Méndez Pozo había recibido los informes
negativos de la Audiencia Provincial, el Ministerio Público y el
Gobierno Civil de Burgos, que entendían que no existen razones objetivas
para conceder la medida de gracia y que los siete años de cárcel son
una pena proporcional a los delitos cometidos.
A
la demanda de gracia presentada por los letrados del constructor se
sumó otra de sus propios trabajadores, avalada por más de 17.000 firmas,
que pedía el indulto de Méndez Pozo "teniendo en cuenta su intachable
trayectoria personal y profesional". El propio empresario suscribió un
documento mostrando su arrepentimiento y añadió que en su ánimo nunca
estuvo realizar los hechos que la sentencia declara proba dos, "ni
conocía que podía estar cometiendo delito". La petición fue apoyada por
numero sos colectivos ciudadanos, pero no por el Partido Popular, pese a
que el empresario, como esta bleció la sentencia, realizó la bores de
mediación entre los sectores de la derecha política de Burgos e incluso
asesoro en cuestiones urbanísticas a José María Aznar cuando el líder
del PP presidía la Junta de Castilla y León.
La
Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó el pasado enero en su
práctica totalidad la sentencia dictada por la Audiencia de Burgos en
mayo de 1992. El Tribunal Supremo rebajó en cuatro años la condena de 12
años de inhabilitación por inducción a prevaricar que le fue impuesta a
Méndez Pozo, pero mantuvo las de cárcel: seis años por un delito.
continuado de falsedad en documentos públicos y privados y un año más
por falsedad en documento público.
www.elpais.es 24/09/1994
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