ya saben: a disfrutar lo votado..
Cospedal exige a una gran dependiente que sea una empresa privada la que cuide de ella y no sus padres
Podría tratarse de una broma, pero no lo es. Podría ser un fallo más al
que nos tiene acostumbrado la administración dirigida por el PP, pero
tampoco. La historia que ELPLURAL.COM le cuenta a sus lectores, con
testimonios y documentos, es tan verídica como la “desvergüenza” del
Gobierno de Castilla-La Mancha que preside a tiempo parcial la
secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, que en palabras de la
diputada nacional socialista, Guadalupe Martín, “ha conseguido lo que
se proponía: ser la referencia nacional, la campeona, también en los
recortes en la Ley de Dependencia”, dice.
Los grotescos antecedentes
Luciana es una niña de 15 años de edad, residente en Guadalajara y
aquejada de una encefalopatía por rubeola congénita con microcefalia,
con trastorno generalizado del desarrollo y rasgos autistas. Suma y
sigue: No tiene control de esfínteres, no habla, con discapacidad
intelectual grave y problemas graves de vista. Aquí no queda la cosa: No
puede alimentarse, asearse ni vestirse de forma autónoma y tiene
episodios de autoagresión. De ahí que sea reconocida como gran
dependiente y un grado de discapacidad del 93%. (Ver documento nº1).
La desfachatez de la primera propuesta
Con estos antecedentes, cualquier administración con un mínimo de
sensibilidad y poniendo sobre la mesa la Ley de Dependencia habría
autorizado el cuidado familiar de Luciana. Bueno, cualquiera siempre y
cuando no sea la presidida por María Dolores Cospedal, triste
protagonista de episodios dantescos, con muertes incluidas, como la del
joven Jomian Leonel, a quien Cospedal exigía facturas para pagar sus
cuidados; falleció el pasado marzo. El caso es que el Gobierno del PP
castellano-manchego ofreció en primera instancia a Luciana 40 horas de
ayuda a domicilio (lo que equivale a poco más de una hora al día), tras
rechazar su solicitud de prestación económica de cuidados en el entorno
familiar. (Ver documento nº 2).
El recurso angustioso de los familiares…
Ante tamaña injusticia, los padres de la niña recurrieron en junio el
informe de los servicios sociales (ver documento nº 3), recordándoles a
los responsables del desaguisado que Luciana tiene un expediente clínico
que no ha sido tomado en cuenta por los evaluadores (ver documento nº
4) y que es el entorno familiar el más adecuado para sus cuidados. El
recurso trajo consigo algunos efectos, como la ampliación de las 40
horas mensuales al nuevo ofrecimiento de 5 horas diarias (3 por la
mañana y 2 por la tarde). “Nuestro caso les había dado mucha pena y nos
comunicaron esta nueva decisión por teléfono”, reconoce a este periódico
un familiar de la niña, que eso sí, provocó que le denegaran una ayuda
para unas gafas.
…Y la propuesta privada de Cospedal
Pero la alegría de la familia duró solo unos minutos, ya que el Gobierno
de Cospedal exigía para ampliar el servicio de una a cinco horas
diarias que fuera una empresa privada la encargada de llevar a cabo los
cuidados de la pequeña Luciana. Se pusieron en contacto con los centros
particulares que trabajan con la Consejería dirigida por el polémico
José Ignacio Echániz, y el presupuesto se situó en 1.496 euros/mes,
cantidad que la familia debería adelantar para posteriormente recibir de
la Junta de Castilla-La Mancha un máximo de 715 euros. (Ver documento
nº 5) ¿Cómo puede atender estas necesidades una familia que acredita
oficialmente unos ingresos de mil euros? No solo dejaría sin recursos
para vivir a la familia y por tanto a la niña gran dependiente, “sino
que además ni siquiera podría adelantar dicho importe”, concreta el
portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia, José Luis
Gómez-Ocaña, para seguidamente recordar: “Estamos hablando de una niña
que necesita atención continua durante las 24 horas al día y que a pesar
de que el informe de los trabajadores sociales considera que su caso
estaría dentro de lo estipulado para prestaciones económicas en el
entorno familiar se la deniegan”.
3.500 familias han perdido la prestación económica
Lo peor de todo este asunto es que el caso de Luciana no es aislado. No,
desde abril de 2013 a abril de 2014, 3.500 familias
castellano-manchegas han dejado de percibir la prestación económica para
atender a un familiar dependiente. Y no lo decimos nosotros; lo dice el
Imserso. O lo que es lo mismo, en lo que va de año son ya 1.499 los
castellano-manchegos que han perdido el derecho a ser atendidos; hay
1.540 solicitudes y 1.290 dictámenes menos. “Cada día se han recortado
11 prestaciones o servicios”, reconoce la parlamentaria socialista,
Guadalupe Martín.
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