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La Autoridad Fiscal Independiente ve increíble la senda oficial de reducción de la deuda
La llamada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se estrena con un varapalo a la senda de déficit marcada por el actual Gobierno para esta década, porque la considera increíble. En el borrador de su primer documento, titulado Cumplimiento de los Objetivos de déficit y deuda y al que ha tenido acceso EL MUNDO, el nuevo organismo que dirige José Luis Escrivá «no ve factible» cumplir la hoja de ruta oficial establecida en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF), que es la que obliga a reducir gradualmente la deuda del Estado desde el 96,8% actual sobre el Producto Interior Bruto (PIB) a un máximo del 60% en 2020.
La AIReF señala que en el Plan de Estabilidad remitido el pasado abril a Bruselas, el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro prevé ya «un incumplimiento» de modo que la deuda pública será más alta de lo prometido en 2016 y acabará en 2017 en el 97%. Ante tal patinazo intermedio en la hoja de ruta, la Autoridad Fiscal presenta el objetivo oficial de llegar al 60% en 2020 como una primicia mundial de ajuste y un posible suicidio económico.
Por tanto, «la AIReF estima que hay un riesgo altísimo de incumplimiento del límite del 60% para la ratio de deuda en 2020. Reducir esta ratio en más de 37 puntos porcentuales en tres años no sólo es un esfuerzo fiscal del que no se conocen precedentes, sino que generaría efectos económicos de magnitud extraordinaria».
Escrivá y su equipo basan su acusación de un primer incumplimiento en 2016 en que la ley prevé «la reducción de la deuda pública de al menos 2 puntos porcentuales del PIB cuando la economía nacional alcance una tasa de crecimiento real de, al menos, el 2% anual o genere empleo neto con un crecimiento de al menos el 2% anual».
Sin embargo, el propio plan enviado a la UE admite que eso «no se cumple en 2016, ya que se proyecta una tasa de crecimiento real del PIB del 2,3% y la reducción de la deuda pública es sólo del 0,2% en dicho año». Ante tal situación, lo que pide no es endurecer el ajuste, sino rectificar y presentar otro calendario, exigente pero creíble, que obliga a modificar la Ley de Estabilidad, que desarrolla el acuerdo PP-PSOE de 2011 y que introdujo en la Constitución el principio de control del déficit.
«La AIReF opina que no es factible cumplir con el límite temporal del año 2020 establecido en la LOEPySF para la ratio de deuda pública y recomienda usar los mecanismos legales procedentes con el objetivo de ampliar el período transitorio para el cumplimiento del límite establecido en el artículo 13 de la ley, adaptando los requisitos especificados en la disposición transitoria primera de dicha ley y definiendo una senda de referencia creíble y exigente para la reducción sostenida de la ratio de deuda que permita a las administraciones garantizar la sostenibilidad financiera», asegura. La disposición transitoria primera es la que obliga a cumplir en 2020 como máximo.
La institución justifica, sin embargo, la aceleración del endeudamiento en España desde que gobierna Rajoy por la herencia recibida. «Al analizar las causas de este incremento de la deuda, deben tenerse en consideración las circunstancias derivadas de la crisis financiera en la zona del euro, que ha afectado con singular agudeza a la economía española. La crisis financiera se manifestó, en particular, en la severa restricción de liquidez y la elevada prima de riesgo que sufrió el conjunto de la economía y, con incidencia directa en la deuda pública, se requirió apoyo financiero para preservar la estabilidad del sistema bancario y para facilitar liquidez a las administraciones territoriales con el fin de regularizar sus pagos a proveedores».
Aunque la senda inicial prevista en 2012 auguraba una deuda del 82,3% en 2013 y ha terminado en el 93,9%, «el notable incremento se deriva en su práctica totalidad de la financiación facilitada al sistema financiero, a comunidades autónomas y corporaciones locales (vinculado a los mecanismos extraordinarios de financiación de pago a proveedores) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad».
El documento no tiene rango oficial de Informe, sino de Opinión no vinculante y plantea otras dos observaciones a la actuación del Gobierno central. Por un lado, carga contra la forma de evaluar si se ha cumplido el objetivo de deuda en las comunidades autónomas. La AIReF acusa al Ministerio de Hacienda de haberse dotado de discrecionalidad para medir esas metas y considera que «la valoración del cumplimiento de los objetivos de deuda de las distintas administraciones públicas debe hacerse entre el objetivo inicialmente fijado y el dato observado, aplicando a ambos la misma definición».
Finalmente, Escrivá -ex jefe de estudios del BBVA- y su equipo recuerdan que en 2013 se produjo un suspenso en la lucha contra el déficit y que para poder evaluar si se corrige hace falta más transparencia: «Es necesario establecer los mecanismos adecuados para hacer un seguimiento trimestral al Estado de las medidas correctoras aplicadas cuando haya incumplido los objetivos de déficit o deuda».
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