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Ignacio González oficializa su plan para desmantelar el Carlos III en plena crisis del ébola
En plena crisis por la irrupción del ébola en España, la Comunidad de
Madrid ha oficializado su plan para desmantelar el Hospital Carlos III.
El Boletín Oficial (BOCM) de la región que preside el popular Ignacio
González ha publicado este jueves la formalización del contrato de obras
para convertir el centro en un apéndice de La Paz.
La publicación del contrato no habría podido ser más inoportuna, según
fuentes del centro hospitalario. Su inclusión en el BOCM llega justo
cuando se ha decretado el desalojo de pacientes de dos plantas más para
poder dar cabida a todos los posibles contagiados de ébola. En lugar de
esta práctica, lo que recoge el acuerdo de obras es la reforma de los
pisos tercero al sexto para convertirlos en lugares acondicionados para
pacientes de media y larga estancia.
Se da la circunstancia de que en la última planta de aquellas a las que
afecta la remodelación planteada por el equipo de González se encuentra
actualmente Teresa Romero, contagiada por el peligroso virus mientras
atendía al misionero Manuel García Viejo. Allí se encuentra aislada y en
tratamiento cerca de otras dos personas que posiblemente podrían haber
entrado en contacto también con material biológico contaminado por el
ébola. Una planta más abajo, en la quinta, se encuentra el marido de la
profesional junto a otros pacientes de riesgo.
Este nuevo paso al frente para el desmantelamiento del Carlos III de
Madrid como centro de referencia para enfermedades tropicales y
contagiosas llega cuando buena parte de la comunidad médica madrileña
pide la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. De hecho,
fue uno de los puntos que más críticas le valieron a su antecesor,
Javier Fernández-Lasquetty, pues fue él quien orquestó la reconversión
del centro hospitalario a una mera apéndice del Universitario de La Paz.
Por su parte, el presidente madrileño había responsabilizado del
desmantelamiento del Carlos III a la falta de atenciones del Gobierno
central. Ante la falta de mediación de Ana Mato, a la que también se ha
señalado desde el Ejecutivo regional como responsable última de la
gestión de esta crisis sanitaria, sale a la luz el contrato de reforma
por 1,27 millones de euros con la empresa catalana Copcisa SA.
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