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El exalcalde de Toledo niega ante Ruz haber recibido una mordida de Sacyr
El exalcalde de Toledo José Manuel Molina, del PP, ha negado este lunes haber cobrado comisiones por la concesión del contrato de recogida de basuras en su ciudad ni haber “adoptado ninguna resolución ilegal” en su vida. Molina, que ha declarado como imputado durante una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el caso de los papeles de Luis Bárcenas, la contabilidad opaca del PP, ha dicho a los medios de comunicación que está “satisfecho de haberse podido defender de las injurias y calumnias” del extesorero de su partido.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz retoma este lunes la investigación sobre la supuesta comisión de 200.000 euros pagada por la constructora Sacyr a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo. El magistrado toma declaración como imputado a partir de las 15.00 al exalcalde de la capital manchega, José Manuel Molina, del PP para preguntarle por la supuesta mordida, que sirvió, según declaró el extesorero del PP Luis Bárcenas en julio de 2013, para pagar la campaña de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha en 2007.
La decisión de citar a Molina como imputado deriva de un informe policial en el que se relata que fue el exregidor toledano quien en mayo de 2007 firmó el contrato de retirada de residuos con Sufi, filial del grupo Sacyr. El contrato fue adjudicado inicialmente sin irregularidades, pero fue revisado al alza cuatro días antes de las elecciones autonómicas, lo que permitió a Sufi pasar de ganar seis a 11,4 millones de euros. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostiene que esta mejora en las condiciones, otorgada sin que se cumplimentaran los informes preceptivos” es “nula de pleno derecho”.
El magistrado ha citado también como testigos al actual regidor, el socialista Emiliano García Page; a Francisco Javier Sánchez, viceinterventor municipal y autor del informe de fiscalización sobre la adjudicación del servicio de basuras; y a Sebastián González, diputado nacional del PP.
La policía remitió en octubre a Ruz un informe en el que recuerda que Molina fue quien en representación del Ayuntamiento firmó el protocolo del contrato con Sufi en mayo de 2007. Respecto al testigo Sebastián González, fue la persona que, según Bárcenas, le trasladó el supuesto interés de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, de “plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo”. En la causa se investigan en principio delitos contra la administración pública, en concreto prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
En el auto por el que citó a Molina, Ruz apunta que sigue investigando los hechos puestos de manifiesto por Bárcenas en 2013 para "constatar la realidad o no de los mismos", y en su caso, el grado de participación que han podido tener en ellos personas aforadas. Si se hallan indicios de que responsables políticos aforados participaron en este episodio, Ruz remitirá la instrucción al Tribunal Superior de Justicia de Castillla-La Mancha.
La causa afecta en primer lugar a Vicente Tirado, secretario general del PP autonómico y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y por lo tanto aforado. Según el relato de Bárcenas, Tirado se reunió en 2007 en la sede madrileña de Sacyr con sus dos principales responsables: Luis Del Rivero y Manuel Manrique. En ese encuentro, en el que Bárcenas dice que ejerció de introductor, Tirado pidió una aportación para la campaña y anunció a los empresarios que “iban a ser adjudicatarios de una obra o algo en Toledo”. Finalmente, siempre según Bárcenas, el gerente José Ángel Cañadas recibió los 200.000 euros, como consta en el recibí que el extesorero entregó al juzgado el pasado 15 de julio.
En su declaración como testigo, el 14 de agosto de 2013, Dolores de Cospedal rechazó tajantemente haber recibido la supuesta mordida de la filial de Sacyr, aunque no pudo profundizar en este asunto porque el juez Ruz lo impidió ante la posibilidad de que se afectara a aforados, algo que queda fuera de su jurisdicción. En julio de ese año, Cospedal había negado cualquier relación con ese apunte de la contabilidad de Bárcenas: "Toda esta historia es rotundamente falsa y el hecho de que haya un documento firmado por un gerente del partido no prueba de ninguna manera una comisión previa", enfatizó. "Es una historia disparatada y mentirosa", añadió la presidenta castellano-manchega.
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