La burbuja administrativa sigue intacta

La burbuja administrativa sigue intacta

Tras atacar el sobredimensionamiento inmobiliario y financiero, el ajuste fiscal debe concentrarse en los cuatro niveles de la administración, que apenas han reducido su tamaño pese a la crisis. Por Francisco Núñez

Los ingresos públicos han llegado a su límite. Ya no dan para más tras la subida generalizada de impuestos en 2012, que ha contribuido a ahondar la recesión y a destruir casi 800.000 empleos en el último año. Existen muchas dudas sobre si el PIB sólo decrecerá durante 2013 en medio punto, como prevé el Gobierno, o tres veces más, como vaticinan todos los organismos y servicios de estudios nacionales e internacionales. Es decir, el crecimiento de la economía no puede contribuir a alimentar más las arcas públicas. Y menos cuando no se ve por ningún lado el ajuste en las administraciones eternamente anunciado pero, hasta ahora, nunca cumplido por el Gobierno.

En realidad, el ajuste fiscal sólo se ha realizado hasta ahora aumentando la recaudación, que ya manifiesta indicios de cansancio. Por ejemplo, a pesar de la subida del IRPF en 2012, el Gobierno sólo recauda un 1,1% más. Por el lado del gasto, el recorte se ha concentrado, sobre todo, en un 60% menos de inversión pública, el motor tradicional de la economía en época de crisis, y en algunas de las partidas más voluminosas de gasto social (sanidad, educación, paro y pensiones). También se ha optado por bajar los sueldos a los funcionarios en lugar de atacar su sobredimensionamiento.

Los expertos consultados por MERCADOS coinciden en que el Gobierno debe forzar un ajuste contundente en los cuatro niveles de las administraciones públicas. Si no se hace, las necesidades de las administraciones, con una importante estructura improductiva, llevarán a la economía a un precipicio fiscal. 2013 es el año clave. Si ahora no se actúa, no se podrá cumplir el objetivo de déficit y, además, Rajoy no podrá cumplir su promesa de suprimir en 2014 las subidas masivas de impuestos.

Según Rafael Domenech, jefe de Economías Desarrolladas del Servicio de Estudios del BBVA, junto a la inmobiliaria y la financiera, la tercera burbuja de la economía española es la de las administraciones públicas. El caso es que el sector público sobrevive aún en el limbo ajeno a la crisis con ajustes incipientes, que sólo se anuncian, y que apenas tienen traslación en las cuentas.

Por ejemplo, según los datos de la Contabilidad Nacional, el conjunto de las administraciones públicas gastó en 2007, incluyendo las pensiones, 412.963 millones mientras recaudaba 433.209. Sin embargo, en 2011, último dato disponible, ese gasto era de 480.111 millones (un 16,3% más) con unos ingresos de 379.671 millones (un 12,3% menos). Es decir, el sector público no se ha ajustado, tal como lo han tenido que hacer las empresas privadas, a la realidad de la crisis. En materia salarial ha sucedido algo similar. Es decir, mientras que la masa salarial se ha reducido un 11,5% desde que comenzó la crisis en el sector privado, en el público crece un 3,2%.

José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, considera que «hay que racionalizar todas las administraciones para adaptarlas a la realidad de la economía, que es diferente a la que había en 2007». «La economía española es más pequeña y por tanto también el Estado y sus administraciones deben ser también más reducidas», señala. Además «están surgiendo bolsas de pobreza extrema que hay que atender y el ajuste del déficit debe ser estructural en el gasto de todas las administraciones». Y no hay otro margen posible, «2013 debe ser el año de la claudicación porque el Estado necesita refinanciar 20.000 millones al mes y la falta de liquidez nos come», añade.

Por su parte, Rubén Manso, profesor de la Universidad de Alcalá sostiene que «si todo es más pequeño en España, también debe serlo el sector público». Pero, «la clase política se resiste, porque en la reducción del gasto también va su sueldo y es complicado mandar a la calle a los que ha colocado». «La estructura administrativa actual es la que da trabajo a los políticos mientras que en todos los sectores de la economía ya se han ajustado y han despedido», añade.

José Barea, catedrático emérito de Hacienda Pública y autor del tijeretazo al gasto público en 1996 que facilitó la convergencia europea, dice que la única alternativa que hay para cumplir el déficit en 2013 pasa por reducir el gasto público. «El ajuste tiene que ser muy fuerte, hay que poner los presupuestos boca abajo aunque acaben de aprobarse y quitar todo lo no imprescindible tanto en materia de personal, gasto corriente, subvenciones y transferencias de capital», añade.

Barea considera que, sobre todo, el ajuste debe realizarse en las autonomías. «No se las puede tratar con celofán como hasta ahora y el Gobierno debe actuar, incluso con la intervención de sus cuentas y deduciendo de los ingresos lo que les corresponda porque es el mayor recaudador», señala. Cree que el Ejecutivo debe reaccionar ya sobre la pretensión independentista de Cataluña, y luego «reducir el estado de las autonomías». «Hay que ir hacia un cambio de modelo con la recuperación por parte del Estado de las competencias de sanidad y de educación para aprovechar la economía de escala y reducir su gasto», matiza.

Manso, que considera que habría que suprimir al menos el 10% de personal público, cree que el déficit público se podría reducir en una cuarta parte sólo con el control de las cuentas públicas. Es decir, evitando que, por ejemplo, las autonomías, sean «soberanas» en el gasto, pero no en los impuestos «porque papá-Estado siempre acude en su ayuda y les salva poniendo la pasta». «Hay que impedir que entren en déficit», sostiene. Para ello, apela a establecer algún mecanismo de responsabilidad. Por ejemplo, «hay que evitar que las administraciones se lleven el poco crédito que hay y aplicarles también la legislación concursal». «Y si no tienen dinero para pagar, incluso nóminas, que pidan al juez el concurso de acreedores y vendan activos», añade. Sería la forma de «empezar a disciplinar a los políticos», comenta.

Manso también advierte de otra situación grave. Y es que el déficit primario del Estado (antes del pago de los intereses de la deuda) sigue siendo elevado a pesar de los recortes que se han anunciado. Por ello, también el Estado debe pedir más dinero prestado y eso dispara la prima y a la vez sube los intereses. «Ese déficit primario debe ser positivo», concluye. Hasta noviembre de 2012 ese déficit era de 2.200 millones que, unidos a los 25.500 que requiere el pago del servicio de la deuda, eleva a casi 28.000 las necesidades de financiación sólo del Estado.

El caso es que cuando del ajuste público se trata, se paralizan o se retardan las decisiones y propuestas. Por ejemplo, el Gobierno anunció el cierre, la supresión o desinversión en 80 empresas públicas de la Administración central en este año, y el proceso no termina de arrancar porque sólo se han dado de baja nueve al tiempo que se han creado otras cinco. Es decir, de las 448 entidades que existían en 2011, el saldo neto de cierres es de sólo cuatro. Mientras, las autonomías siguen con un censo cercano a las 2.300 cuando ya en 2010 se habían comprometido a reducir 514. Esta cifra se amplió en 2012 hasta 675 y, sin embargo, sólo se ha actuado sobre menos de 200. Y, además, España es el único país del mundo en que ha crecido el número de ayuntamientos después de una guerra e incluso durante una crisis. Desde 2007 han aparecido cinco corporaciones nuevas y sólo se han realizado un par de fusiones. La estructura local abarca ya un puzzle de municipios, mancomunidades, comarcas, diputaciones, organismos, sociedades mercantiles y participadas, de 16.412 entidades.

El Gobierno anunció para 2012 una nueva ley de Régimen Local que no se ha aprobado aún, y también una Ley de Transparencia Pública, para limitar el sueldo de los responsables políticos y reducir el número de concejales. Este recorte será a partir de 2014 , pero su trascendencia económica no será importante porque al final la reducción de ediles será en los pequeños municipios donde los dirigentes públicos no cobran. Según recoge un informe del Círculo de Empresarios, en línea con lo que han hecho otros países (Dinamarca bajó un 67% su número y Grecia un 66%) «España debería establecer un programa anual para reducir el 75% de los municipios».

Y de momento, sobre esta reforma local no se ha producido acercamiento alguno entre los dos partidos mayoritarios, que serán los más afectados si se produce un ajuste de cargos. El PP quiere ampliar las competencias de las diputaciones que el PSOE quiere suprimir. Ambos partidos, que no han discutido una sola reforma de las que han entrado en vigor en el último año, están negociando también cambios para evitar el solapamiento y la prestación de servicios impropios de servicios que deberían prestar las autonomías. Lo que significaría que las CCAA tendrían que asumir estos gastos en 2013 cuando se extienden aún más las dudas sobre el cumplimiento de déficit, ya que al 0,7% de su PIB previsto deberán añadir el incumplimiento previsible de más de medio punto de 2012.

En realidad, queda todo por hacer en materia de reducción del gasto público. «El Estado no puede permitirse 17 autonomías que actúan como otros 17 estados, que no cumplen nunca y que no se toman la situación en serio», concluye Barea.